En el marco del proyecto “Acceso al Sistema de Protección Social de Pueblos Indígenas en Paraguay”, que pretende mejorar el acceso a la protección social integral, la inclusión y la cohesión de los pueblos indígenas en Paraguay, la Anivid y organizaciones de la sociedad civil, realizaron monitoreos respecto a la implementación del SPS en comunidades indígenas del Paraguay, con el objetivo de generar información cuantitativa y cualitativa, sistematizar y evaluar la implementación de los programas del SPS, desde la mirada de los pueblos indígenas.
Además, se espera instalar conocimientos sobre el SPS y capacidades de monitoreo, seguimiento y evaluación en las organizaciones indígenas adheridas.
Aunque el SPS tiene previsto realizar su propio monitoreo y la publicación de informes puntuales de evaluación sobre los avances de la implementación del sistema, se considera importante contar con información cuantitativa y cualitativa desde la sociedad civil sobre el proceso de implementación de la política, los programas y proyectos, lo cual ayudará a orientarlas para mejorar la efectividad y el impacto, y por lo tanto incrementar la calidad de vida de los beneficiarios.
Comunidades relevadas
Para la segunda edición de este informe, el trabajo de campo se enfocó en ocho departamentos y catorce distritos, con presencia de comunidades indígenas, en los que se coordinan y articulan territorialmente los programas del SPS.
En el segundo año de trabajo (2024-2025), el monitoreo alcanzó 38 comunidades indígenas en ambas regiones geográficas del Paraguay: 6 en la Región Occidental (Chaco) y 32 en la Región Oriental, distribuidas en 8 departamentos, 14 distritos y 10 pueblos indígenas. Esto equivale a una cobertura de 3.216 familias y 14.388 personas.
Total de familias y personas según regiones año 2024
Comunidades: 38
Familias: 3.216
Personas: 14.388
Mayor despojo, irregularidad jurídica y presión sobre tierras indígenas
El 26,4% de las comunidades visitadas no tienen asegurada la tenencia de sus tierras. Es por la falta de títulos, la burocracia en los procesos de titulación, los conflictos judicializados sobre posesión y propiedad, así como la amenaza permanente de desalojos, que afectan mayormente a comunidades de la Región Oriental, donde el uso del suelo para agricultura y ganadería es más intensivo.
Los datos recolectados también advierten que la problemática tenderá a trasladarse y agravarse en la Región Occidental, a medida que avance la explotación económica del suelo. Además, otra cifra alarmante del monitoreo —consolidado de los dos años— es que en una de cada cinco comunidades relevadas (22,3%) parte de sus tierras están alquiladas a sojeros y ganaderos. Esta práctica, además de ser inconstitucional, incrementa el riesgo de despojo y fragmentación comunitaria, ya que implica decisiones centralizadas en líderes, beneficios desiguales, eventuales litigios judiciales promovidos por agroganaderos y riesgo ambiental por la expansión de cultivos mecanizados. A esto se suma la debilidad presupuestaria y operativa del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) para defender las tierras indígenas.
Recomendaciones. Priorizar presupuesto para la compra y titulación de tierras indígenas, fortalecer la Dirección Jurídica del INDI con personal y logística, y establecer mecanismos de acompañamiento legal y técnico que prevengan fraudes y desalojos. Asimismo, garantizar la efectiva prohibición del alquiler de tierras comunitarias.
Situación: Bajo conocimiento del SPS en las comunidades
El conocimiento del Sistema de Protección Social (SPS) entre líderes y comunidades indígenas sigue siendo limitado. En varios territorios fue necesario trabajar primero con los líderes para explicar el modelo, antes de abrir espacios de diálogo en comunidades como Mariscal Estigarribia o Santa Rosa del Aguaray.
La expansión del SPS, de 4 distritos demostrativos (en el primer año) a 22 distritos (en el segundo año) permitió acumular experiencias de participación, aunque su alcance continúa siendo restringido. En ese sentido, las jornadas de servicios y las Mesas de Protección Social (MPS) representan oportunidades de comunicación, pero se desarrollan de manera irregular por limitaciones presupuestarias y logísticas. Además, la incorporación de representantes indígenas en las MPS se dio únicamente en distritos con alta presencia de comunidades, como Itakyry y Alto Verá.
Recomendación:
Garantizar que la información sobre el SPS llegue de forma clara y sistemática a las comunidades, mediante jornadas de servicios y mecanismos de participación intercultural que permitan diagnosticar necesidades y definir planes de acción. Esto requiere mayor coordinación territorial, presupuesto estable, recursos humanos y una infraestructura que asegure la continuidad de los programas.
Más de la mitad de las comunidades aisladas por falta de caminos y transporte
El 57% de las comunidades indígenas relevadas carece de caminos de todo tiempo y la distancia promedio hasta una ruta asfaltada amplia es de 42 km a nivel nacional. La precariedad vial condiciona la vida cotidiana, interrumpe la continuidad en la educación secundaria, retrasa la atención en salud y aumenta el costo de acceso a bienes y servicios.
Según datos del monitoreo consolidado de los dos años, en la Región Oriental el 48,8% de las comunidades dispone de caminos de todo tiempo y la distancia promedio hasta una ruta asfaltada es de 16,8 km. En tanto que en el Chaco las condiciones se agravan: apenas el 37,5% cuenta con caminos adecuados y la distancia promedio hasta el asfalto asciende a 64,5 km.
Sin transporte público disponible, la motocicleta es el medio más utilizado y, en muchos casos, los motocarros funcionan como alternativa comunitaria de movilidad. Los gobiernos locales carecen de recursos para encarar obras viales y las políticas públicas priorizan caminos agroproductivos, dejando relegadas a las comunidades indígenas.
Recomendación. Incluir a las comunidades en los planes de infraestructura vial con criterios de equidad, garantizar el mantenimiento de accesos de todo tiempo, apoyar la adquisición de transporte comunitario y destinar presupuesto (de gobernaciones y municipalidades) para sostener caminos vecinales que conectan con servicios esenciales.
Situación: casi un tercio de la población sin identificación
El acceso a la identificación en comunidades indígenas presenta un déficit crítico que limita el ingreso a pensiones, programas de vivienda social y otros beneficios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022), el 25,6% no cuenta con carnet indígena y el 29,2% carece de cédula.
El monitoreo en las comunidades indígenas relevadas confirmó esta exclusión de programas sociales. La falta de identificación se debe a causas que combinan aislamiento geográfico, burocracia, costos, falta de atención especializada en instituciones como el Registro Civil y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), además de prácticas de corrupción que traban los trámites. En algunos casos, los adultos mayores también afrontan requerimientos judiciales que suman barreras adicionales para la cedulación.
Recomendaciones. Implementar brigadas móviles de identificación que acudan a las comunidades con un protocolo simplificado y crear un área especializada en el Departamento de Identificaciones de la Policía para atención indígena. Adoptar medidas administrativas excepcionales para adultos mayores y asegurar acompañamiento logístico (transporte, alimentación).
Trabajo precario y alta inseguridad alimentaria golpean a comunidades indígenas
Las comunidades indígenas enfrentan serias dificultades para acceder al trabajo y garantizar su alimentación. Solo el 38,5% de las personas mayores de 15 años integra la fuerza laboral y, dentro de ese grupo, predominan las labores agropecuarias de subsistencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021). Además, la mayoría de los hogares indígenas (57%) vive en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o grave.
La expansión del agronegocio y la pérdida de recursos para actividades tradicionales como la caza y la pesca han reducido la capacidad de subsistencia, según se pudo constatar en el monitoreo. Las oportunidades de formación y empleo llegan con poca frecuencia, mientras que la “changa” se consolida como principal fuente de ingreso, en condiciones precarias y sin fiscalización laboral efectiva.
Recomendaciones. Diseñar programas de inserción laboral adaptados a los territorios, con formación técnica y asistencia agrícola. Fiscalizar la contratación de mano de obra indígena y reforzar los programas de protección alimentaria.
Vivienda y servicios básicos siguen siendo una deuda con las comunidades
El acceso a la vivienda pública muestra algunos avances: ya cubre el 42,3% de las casas en las comunidades visitadas durante los dos años de monitoreo. Sin embargo, el déficit habitacional persiste y sigue afectando al 19% de las familias indígenas, es decir, a uno de cada cinco hogares.
Las mayores brechas se concentran en los servicios básicos. A nivel nacional, el agua potable llega apenas al 44% de las comunidades relevadas y en el Chaco la situación es crítica, con un 65% sin acceso.
La electricidad tampoco es universal y mantiene un déficit del 22%. En las zonas rurales, la recolección de residuos y los baños con pozos ciegos son casi inexistentes. Estas carencias impactan de manera directa en la salud y en las condiciones mínimas de vida.
Recomendaciones. Reforzar los programas de soluciones habitacionales y ampliar progresivamente su cobertura. En materia de servicios, avanzar hacia la universalización del acceso a la energía eléctrica y, de manera prioritaria, garantizar una mayor cobertura de agua potable, dado su impacto directo en la salud.
El 65% de las comunidades indígenas carece de puestos de salud
El 65% de las comunidades indígenas relevadas no cuenta con un Puesto de Salud (PS) o una Unidad de Salud de la Familia (USF). Y donde sí hay, la atención se ve limitada por la falta de profesionales, medicamentos e insumos. Se suman también las largas distancias: el promedio nacional hasta el centro sanitario más cercano es de 24,3 km.
Los promotores de salud (en su mayoría indígenas que brindan primeros auxilios) están presentes en menos de la mitad de las comunidades visitadas (46%) en los dos años de monitoreo. Además, en la mayoría de los casos son voluntarios sin remuneración ni recursos, lo que reduce su capacidad de respuesta y continuidad de atención.
Recomendaciones. Ampliar la cobertura de puestos de salud en territorios indígenas, garantizar personal e insumos permanentes. Institucionalizar y remunerar a los promotores de salud indígenas con formación intercultural. Desplegar brigadas móviles para atención periódica y campañas preventivas en comunidades más aisladas.
Situación:
Rezago educativo y abandono escolar en comunidades indígenas
El promedio de años de estudio de la población indígena es de 4,3 años, frente al promedio nacional de 9,9 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2022). La mayoría de los estudiantes indígenas solo logra concluir el primer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) y no alcanza las competencias funcionales de lectura y escritura.
Igualmente, existen marcadas diferencias entre pueblos: mientras el Guaraní Occidental (8,2 años) y el Aché (7,9) se acercan a completar los tres ciclos de la EEB (del 1° al 9° grado), pueblos como Manjui (1,9), Ayoreo (2,1) y Angaité (2,8) no alcanzan ni el primero ciclo (del 1° al 3°).
Y si bien el 85,8% de las comunidades indígenas visitadas cuenta con un local escolar, la mayoría dispone únicamente de tres aulas y un número reducido de docentes. Esto obliga a que más de la mitad (51,9%) funcione bajo la modalidad de plurigrado. A estas limitaciones se suman la falta de contenidos adaptados interculturalmente y las limitaciones económicas, que empujan a muchos niños y adolescentes a trabajar y abandonar la escuela, lo que impacta en sus oportunidades de empleo e inserción productiva en la vida adulta.
Recomendaciones. Garantizar infraestructura y equipamiento adecuados para cubrir los nueve años de la EEB en sus tres ciclos. Ampliar la cantidad de profesores para impartir la enseñanza por grado, fortalecer la formación del cuerpo docente y adaptar el diseño curricular a la cultura y la lengua de cada pueblo.
Implementar educación intercultural bilingüe, fortalecer la formación de docentes locales y las capacidades comunitarias, facilitar transporte y becas para la educación secundaria. Vincular programas de formación técnica con oportunidades laborales en los territorios para evitar la migración forzada de jóvenes.
Situación: El acceso a la salud sigue siendo la mayor necesidad de los pueblos indígenas
En las comunidades indígenas la salud aparece como la principal prioridad, seguida por el acceso a agua potable, vivienda, electricidad y educación, además de la seguridad en la tenencia de tierras y la asistencia agrícola. Todas estas demandas reflejan déficits estructurales y, aunque el orden varía mínimamente entre regiones, son necesidades urgentes y recurrentes para la población.
Los dos años de monitoreo evidencian reclamos en materia de seguridad alimentaria, caminos y transporte. Para el sector indígena, el acceso a todos estos derechos vitales y esenciales se ve limitado por problemas presupuestarios, falta de voluntad política y dificultades en la gestión de los servicios.
Recomendaciones. Lograr un compromiso real y sostenido del Estado con los pueblos indígenas, a través de políticas públicas que garanticen condiciones mínimas de vida dignas y el pleno ejercicio de sus derechos básicos.
Situación:
Familias indígenas continúan excluidas de programas sociales
Aunque programas sectoriales como Tekoporã, la pensión para adultos mayores y el Programa de Alimentación y Nutrición Integral (PANI) tienen una presencia significativa en las comunidades indígenas, entre una cuarta y una tercera parte de las familias permanece excluida, principalmente por la falta de documentación.
Estos programas constituyen una fuente esencial de ingresos para la mayoría de los hogares indígenas. De acuerdo con datos consolidados de dos años de monitoreo, el 75,8% de las familias recibe Tekoporã; el PANI está presente en el 69,1% de las comunidades visitadas; y la pensión de la tercera edad alcanza al 77,8% de los adultos mayores. En este último caso, el aparente “gran porcentaje” de cobertura se explica por la menor esperanza de vida de la población indígena, que impide que muchos lleguen a cumplir la edad mínima de 65 años para recibir el subsidio. Por ello, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (ANIVID) logró que la actual ley reduzca la edad de acceso a 50 años y, al mismo tiempo, se incrementó el monto de la pensión.
Recomendaciones. Impulsar campañas masivas y permanentes de cedulación, facilitar los trámites directamente en las comunidades. También garantizar mecanismos seguros y accesibles de cobro, especialmente para las familias que viven en zonas alejadas.
Situación: Aumento de adicciones y violencia de género en las comunidades
Líderes indígenas y mujeres reportan el aumento del consumo de alcohol y drogas ilícitas (crack y marihuana), vinculado también al crecimiento de la violencia familiar y sexual. Estos episodios suelen intensificarse cuando, tras las migraciones laborales, grupos de hombres regresan con ingresos esporádicos de dinero que facilitan el acceso a las sustancias.
Las principales víctimas de agresiones sexuales son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, mientras que muchas otras mujeres sufren violencia física de parte de sus parejas. Incluso quienes no han sido afectadas directamente manifestaron vivir en constante preocupación por su seguridad y la de sus hijas. El problema impacta con particular dureza en los pueblos indígenas, debido a su vulnerabilidad socioeconómica y a la fragilidad de sus estructuras comunitarias.
Recomendaciones. Ampliar la cobertura de servicios esenciales como educación, salud, empleo y seguridad alimentaria, además de promover capacitaciones y espacios de debate comunitario sobre los derechos de las mujeres.